viernes, 28 de diciembre de 2018

LA CORRUPCIÓN ESPAÑOLA

Cuando hablamos de corrupción, la mayoría de las personas sabemos a lo que nos referimos. Pues bien, puede tratarse de una depravación moral o simbólica. Por ejemplo: “No debemos tolerar la corrupción de nuestras tradiciones por presiones extranjeras’’ Aunque,  me centraré en otro sentido, en el que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole. Se entiende como corrupción política al mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima.
El tráfico de influencias, el soborno, la extorsión y el fraude son algunas de las prácticas de corrupción, que se ven reflejadas en acciones como entregar dinero a un funcionario público para ganar una licitación o pagar una dádiva o para evitar una clausura.
Me centraré en algunos de los casos más sonados de nuestro país, pero antes os señalaré cuales son los 10 países con mayor y menor corrupción, según el último informe de Transparencia Internacional. Observaremos con mayor a: Somalia, Corea del Norte, Afganistán, Sudán, Sudán del Sur, Libia, Irak, Uzbekistán, Turmekistán y Siria. Por otro lado, en los menos corruptos se encuentran: Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Noruega, Singapur, Suiza, Países Bajos, Australia y Canadá.
España, se ha convertido en el segundo país tras Siria donde más aumenta la corrupción. “Italia y Grecia han creado en el último año leyes y sistemas anticorrupción fuertes y modernos y eso ha mandado un mensaje positivo. En cambio, en España se ha sucedido escándalo tras escándalo”, explicó Alejandro Salas, responsable para América de TI.

Algunos de los casos más conocidos  en nuestro país son por ejemplo:
El Caso Gürtel (Madrid y Valencia)

Supuesta trama de corrupción ligada a varios cargos del Partido Popular (PP), que comenzó a instruir en 2009 el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón (condenado después por ordenar escuchas ilegales en el caso), y que pasó después a ser investigado por los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de la Comunidad Valenciana, así como por el Tribunal Supremo.
Cerca de 120 personas han estado imputadas en este caso, entre ellas Francisco Correa, presunto cerebro de la trama; el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps (absuelto en la ‘causa de los trajes’), y el exsenador y extesorero del PP Luis Bárcenas, que tiene 22 millones de euros en una cuenta bancaria en Suiza, según probó la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), aunque él dijo en sede judicial que llegó a tener unos 38 millones. El cálculo de esta trama estima en 120 los millones de euros robados y 48 los millones blanqueados.
El Caso Púnica (Madrid, Murcia, León y Valencia)

Según la Fiscalía Anticorrupción, se trata de una ``trama de corrupción municipal y regional infiltrada en diversos ayuntamientos y organismos autonómicos, principalmente de la provincia y comunidades autónomas de Madrid, Murcia, León y Valencia.´´
Entre los detenidos se encuentran Francisco Granados, aparentemente el número uno de la trama y secretario general del PP de Madrid entre 2004 y 2011, exsenador, y quien ostentó los cargos de consejero de Presidencia, Justicia e Interior y Transportes de la Comunidad de Madrid,​ seis alcaldes de la Comunidad de Madrid (los de Parla, Valdemoro, Torrejón de Velasco, Casarrubuelos, Collado Villalba y Serranillos del Valle),​ el secretario del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso​ y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón.​ Varios empresarios, que supuestamente serían los corruptores, fueron detenidos y varias sedes de empresas registradas.​ Entre las empresas involucradas en la red corrupta, la más destacada sería Cofely, una filial de la multinacional francesa GDF Suez, que acaparó 160 de los 250 millones de euro. En resumen, este caso lo tiene todo aunque el caso Gürtel le supera.

El Escándalo de los ERE 

Otro caso, los ERE (Sevilla) saltó a raíz de los dos ERE de Mercasevilla y permanece abierto desde enero de 2011. Suma 60 imputados y cuatro de ellos llegaron a estar encarcelados, aunque ya se encuentran en libertad bajo fianza. Entre los imputados están el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; un exviceconsejero, tres directores generales y dos exdelegados provinciales de Empleo.
La juez investiga la posible instauración entre 2000 y 2010 en el seno del Gobierno Andaluz de un procedimiento para conceder de manera arbitraria ayudas a empresas en crisis y prejubilaciones a trabajadores burlando la ley de subvenciones mediante la creación de lo que un imputado denominó “fondo de reptiles”, que habría contado con al menos 695 millones de euros de dinero público. Se estima que el fraude ascendería a 1.400 millones de euros y afectaría a 68 empresas.

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